La Suprema Corte asestó un golpe a la presunción de inocencia y al debido proceso, avaló que la UIF congelar cuentas bancarias sin orden judicial.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó el porque su voto es en contra “No puede haber justicia sin reglas claras. Cuando el Estado puede congelar cuentas bancarias y dejar a una persona sin acceso a sus propios recursos, la ley debe establecer con precisión cuándo, cómo y por qué. Hoy, eso no está definido. Las y los mexicanos no pueden quedar sujetos a decisiones basadas en criterios ambiguos o indeterminados. Combatir el crimen es indispensable, pero nunca a costa de la certeza jurídica. Por eso, voté en contra en la acción de inconstitucionalidad 58/2022.”
La UIF (dependiente de la Secretaría de Hacienda) tiene facultad administrativa para bloquear activos cuando detecta operaciones sospechosas vinculadas con delitos como lavado de dinero, terrorismo, fraude fiscal u otros riesgos financieros.
Procedimiento: El bloqueo se realiza por iniciativa administrativa de la UIF y suele sustentarse en análisis de inteligencia financiera; no requiere autorización previa de un juez para ejecutar el congelamiento inicial.
Finalidad: Busca prevenir la dispersión de recursos ilícitos y preservar bienes mientras se investigan las operaciones y se reúne evidencia.
La medida puede ser inmediata, existen mecanismos posteriores de revisión; las personas afectadas pueden impugnar el congelamiento ante tribunales y solicitar información y la liberación de sus fondos si acreditan la legalidad de los recursos.
Impacto en derechos, La decisión genera tensiones entre la eficacia investigadora y garantías constitucionales (debido proceso, propiedad y defensa). La SCJN generalmente condiciona este tipo de facultades a requisitos de motivación, proporcionalidad y acceso a instancias de defensa para evitar abusos.
El riesgo de afectaciones injustificadas a ciudadanos o empresas por errores o información insuficiente; por ello se esperan controles internos, transparencia en la UIF, plazos razonables para medidas y posibilidad efectiva de impugnación judicial, porque da pie a la extorsión.
Consecuencias más agilidad para bloquear recursos sospechosos, mayor presión sobre personas o entidades involucradas en conductas tipificadas, pero también mayor necesidad de fiscalización y mecanismos para corregir decisiones erróneas.
Por: Luis Villarreal.
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