El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya de colaborar con el Cártel de Sinaloa, incluyendo tráfico de drogas y protección política a cambio de sobornos.
Además, se le señala de haber recibido apoyo criminal en su elección de 2021, incluso mediante intimidación a opositores.
Ante esto, el gobierno mexicano, encabezado por Sheinbaum, no ha procedido contra él ni ha aceptado su extradición, argumentando falta de pruebas contundentes y posibles motivaciones políticas desde Washington.
Aquí es donde entra la crítica legítima:
La defensa política antes que la institucional
Sheinbaum ha optado por cerrar filas con un gobernador de su mismo partido (Morena) en lugar de tomar distancia inmediata. Esto envía un mensaje preocupante: la prioridad parece ser la cohesión política, no la transparencia.
El discurso de soberanía como escudo
Cuestionar a Estados Unidos es válido en términos diplomáticos. Pero convertir la exigencia de pruebas en una defensa automática puede parecer más una estrategia de contención política que una búsqueda real de la verdad.
El costo internacional
Este caso ya escaló a un conflicto bilateral. Estados Unidos no solo acusa: pide extradición. Ignorar o minimizar el caso pone a México en una posición incómoda frente a su principal socio comercial.
- El caso revive acusaciones más amplias de “narcopolítica” dentro del partido gobernante.
- Y coloca a Sheinbaum bajo una presión inédita en su relación con EE.UU.
El problema no es solo si Rocha Moya es culpable o inocente.
El problema es cómo reacciona el poder ante la sospecha.
Hoy, el gobierno mexicano parece más enfocado en cuestionar al acusador que en investigar al acusado. Y eso, en un país marcado por la desconfianza institucional, no fortalece la credibilidad… la debilita.
Si Sheinbaum quiere marcar distancia de su antecesor y construir legitimidad propia, este caso no es menor.
Es una prueba de fuego entre lealtad política y Estado de derecho.
Por: Jorge Estrada.
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