Monterrey, Nuevo León.– El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una investigación por un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos que podría superar los mil millones de pesos.
De acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales, la indagatoria apunta a una red financiera que habría operado a través de un despacho legal vinculado a la familia del mandatario, identificado como “Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C.”, el cual presuntamente habría servido como canal para captar y redistribuir recursos del erario estatal.
Las investigaciones señalan que el esquema incluiría la participación de empresas y transferencias entre entidades relacionadas, con el objetivo de triangular fondos públicos y beneficiar a un círculo cercano al gobernador.
Versiones periodísticas indican que la FGR ya sigue la pista de operaciones financieras que podrían configurar delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de posibles irregularidades administrativas en el manejo del presupuesto estatal.
Asimismo, se ha mencionado que familiares directos del gobernador estarían vinculados a la estructura investigada, lo que ha elevado la presión política sobre el gobierno de Nuevo León.
Hasta el momento, no se ha informado de imputaciones formales ni de órdenes de aprehensión, por lo que el caso se mantiene en etapa de investigación. Autoridades federales no han emitido una postura definitiva, mientras que el entorno político y empresarial observa con atención el desarrollo del expediente.
Este nuevo frente judicial se suma a un contexto de alta tensión política en la entidad, donde el desempeño y decisiones del gobierno estatal han sido objeto constante de escrutinio público.
Por: Alberto Ruiz.
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