Fue tanto el nervio que generaron los agentes de la CIA, que ahora subió de escalón el conflicto con Estados Unidos, pareciera una venganza que ahora está solicitando a presuntos políticos mexicanos involucrados con narcotraficantes, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿que es lo que investigaban en territorio mexicano?.
La narrativa oficial vuelve a torcer el rumbo: en lugar de investigar a fondo los hechos que habrían motivado la presencia de agencias extranjeras en Chihuahua, la fiscalía opta por citar a declarar a los mexicanos que presuntamente participaron o colaboraron con la CIA. El foco se desplaza. Y cuando el foco se mueve, también lo hace la verdad.
La decisión no es menor. En un país marcado por crisis de seguridad, corrupción y redes criminales cada vez más sofisticadas, lo esperable sería que la autoridad agotara todas las líneas de investigación sobre aquello que detonó la intervención o interés de actores externos. ¿Qué estaban investigando? ¿A quiénes? ¿Qué hallazgos preliminares existían? Son preguntas que hoy quedan en segundo plano, sustituidas por un procedimiento que parece más reactivo que estratégico.
Citar a los ciudadanos mexicanos puede ser legal, sí, pero también revela una lógica preocupante: castigar o presionar al eslabón más débil de la cadena, en lugar de escalar hacia los posibles responsables de mayor peso. Es una práctica recurrente en el sistema de justicia mexicano, donde la espectacularidad de las diligencias sustituye con frecuencia la profundidad de las investigaciones.
El mensaje político también es delicado. En vez de afirmar soberanía mediante una indagatoria sólida y autónoma, la fiscalía proyecta incertidumbre y desorden. Se abre la puerta a sospechas de encubrimiento, negligencia o, en el peor de los casos, complicidad institucional. Y en un entorno como Chihuahua donde la violencia, el narcotráfico y la infiltración del crimen organizado han sido constantes, ese tipo de señales no son menores.
Además, esta ruta puede tener efectos contraproducentes: inhibe la cooperación, desalienta a potenciales denunciantes y manda un aviso claro a quienes se atrevan a colaborar en investigaciones sensibles: el riesgo no está sólo en los criminales, sino también en las propias autoridades.
La fiscalía tiene una oportunidad y una obligación de corregir el rumbo. Investigar el origen del problema, no sólo sus ramificaciones. Ir tras los hechos, no sólo tras quienes estuvieron cerca de ellos. Porque cuando la justicia se enfoca en los actores equivocados, deja de ser justicia y se convierte en simulación.
Por: Alberto Ruiz.
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